sábado, 3 de marzo de 2007

WWF/Adena logra que la UE apoye a Marruecos para dejar de pescar con redes destructivas

WWF/Adena se congratula de este importante paso a favor de la completa eliminación de esta técnica ilegal y destructiva en el Mediterráneo.

Las redes de deriva, que se calan en aguas superficiales y son arrastradas por las corrientes, pueden tener hasta 14 km de longitud y son conocidas por su grave impacto sobre especies no objetivo, al provocar la muerte de miles de cetáceos, tortugas y tiburones en el Mediterráneo cada año.

Bajo el nuevo acuerdo con Marruecos, 119 embarcaciones comunitarias (fundamentalmente españolas) podrán pescar en aguas marroquíes. WWF/Adena pidió al comienzo de las negociaciones que se incluyese una partida específica, dentro de los 36 millones de euros que cuesta anualmente el acuerdo, para facilitar la eliminación de la flota ilegal de redes de deriva que opera en el Mar de Alborán y aguas vecinas. Esta propuesta se tuvo en cuenta y ahora, con la ratificación por parte de Marruecos de dicho acuerdo, se podrá hacer uso de estos fondos.

Un estudio[1] de WWF/Adena de 2003 revelaba que al menos 177 embarcaciones utilizan redes de deriva para capturar pez espada en aguas del Estrecho de Gibraltar, provocando la muerte de cerca de 3.600 delfines y 23.000 tiburones al año, sólo en esta zona del Mediterráneo. Las capturas de pez espada de esta flota son exportadas al mercado europeo, especialmente a España e Italia.

“Se trata del primer avance concreto que se produce para la eliminación efectiva de estas flotas desde su prohibición en los años 2002 y 2003”, comentó Raúl García, responsable de pesquerías de WWF/Adena, y prosiguió: “Puesto que las capturas de esta flota van al mercado europeo y se están utilizando fondos de la UE para su eliminación, ésta debe asegurarse de que se cumpla el plan de eliminación y no permitir la entrada de capturas ilegales en nuestro mercado”

La presión de pescadores españoles y WWF/Adena llevó a la Unión Europea a prohibir las redes de deriva en 2002 y a la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) en 2003; aún así países como Francia, Italia o Marruecos siguen utilizándolas impunemente.



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