Ecologistas de Ben Magec realizaron hoy una cadena humana en contra del puerto de Granadilla de Abona y en la que, con bolsas y globos negros, unieron las sedes de las instituciones públicas y partidos políticos, que consideran "los cinco puntos de culpabilidad" de este proyecto.
La cadena partió desde la fachada del Cabildo de Tenerife para enlazar con la del Parlamento de Canarias y las sedes del Partido Popular, PSC y Coalición Canaria, y a lo largo del recorrido se exhibieron las más de 5.000 firmas que recogió en su momento Ben Magec entre los ciudadanos para rechazar el proyecto.
Antonio Rodríguez, portavoz de Ben Magec, dijo a los periodistas que en este asunto "es absolutamente infumable" la actitud del PSC, partido al que responsabilizó por no frenar el proyecto y al que reprochó que al mismo tiempo que lo autoriza, intenta estar al lado del movimiento ciudadano que se opone al puerto.
Rodríguez retó a las instituciones públicas a que hagan un referéndum para saber la opinión de los ciudadanos de Tenerife respecto al futuro puerto industrial y discrepó de los partidos que opinan que este proyecto es apoyado mayoritariamente.
Apuntó que se han "reconvertido" en la cadena humana las firmas que en su momento se recogieron bajo el lema "No con mi voto" para enviar a Bruselas, y que no se remitieron ya que antes de la fecha prevista para este envío la Comisión Europea dictaminó a favor del proyecto.
"Ya no tiene sentido enviar las firmas a Bruselas y ni se espera nada de la Comisión, pero se mantiene la denuncia ante el Defensor del Pueblo", argumentó Rodríguez.
Añadió que los globos y las bolsas de plástico negro que lucieron los manifestantes simbolizan "el luto" ante una clase política que en su opinión está al margen de la ciudadanía y que tiene unos responsables públicos "de auténtica vergüenza".
El portavoz de Ben Magec agregó que la federación no piensa dejar de hacer movilizaciones en contra del puerto y denunció que la decisión de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife de adjudicar esta semana el inicio de las obras es "absolutamente ilegal".
Al respecto, Beatriz González, portavoz de la plataforma ciudadana en contra del puerto, anunció que se presentó ante el juzgado de primera instancia de Granadilla de Abona una denuncia relativa a los presuntos delitos de adjudicación irregular de las obras, mala administración de fondos públicos e incumplimiento de las medidas medioambientales impuestas por la Comisión Europea.
La denuncia está dirigida contra las ministra de Fomento y de Medio Ambiente, Magdalena Alvarez y Cristina Narbona, respectivamente; así como contra el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín.
También se formula contra el director general de Costas, José Fernández; el secretario general de Transportes, Fernando Palao; el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Suárez Trenor, y el alcalde de la capital tinerfeña, Miguel Zerolo.
Según apuntó Beatriz González, hay fundamento "más que suficiente" para que se paralice la adjudicación de las obras, que calificó de "totalmente ilegal" y que de acuerdo al texto de la denuncia, es constitutiva de prevaricación y delito contra el medio ambiente.
José Luis Fernández, miembro de la misma plataforma, consideró que la adjudicación de la obra ha sido "acelerada a propósito" por los presidentes del Gobierno regional, Adán Martín; y de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor.
Apuntó que las personas involucradas en la adjudicación de las obras están siendo investigadas por presunta corrupción urbanística en los casos "Fórum Afinsa" y en la playa de Las Teresitas y por ello, si se paralizase este proyecto, las empresas adjudicatarias no tendrían derecho a recibir compensación económica alguna.
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